Entre el olvido de los PIACI y la amenaza del Narcotráfico

La situación de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en el Perú, particularmente en la Amazonía, refleja una constante y grave vulneración de sus derechos a pesar de los compromisos nacionales e internacionales que el Estado Peruano ha adquirido.

Los PIACI, como los Mashco Piro y los Amahuaca, habitan en un entorno marcado por la creciente presencia de economías ilícitas, entre las que destacan la tala ilegal y el narcotráfico. Estas actividades, impulsadas por actores externos, están empujando a estos pueblos al borde de la extinción cultural y física.

La comunidad Alto Esperanza del río Inuya es un claro ejemplo del impacto que estas amenazas tienen sobre los PIACI. En su lucha por titular las más de 65,000 hectáreas de su territorio ancestral, los Amahuaca enfrentan no solo invasiones de colonos, sino también la creación de comunidades fantasma, registradas y legitimadas por el propio Estado a través del gobierno regional. Estas comunidades ficticias, como la de Manitzi, son aprovechadas por traficantes y agricultores ilegales que buscan acceder a tierras para cultivar coca, desforestando grandes áreas en el proceso.

El narcotráfico, tal como lo ha denunciado la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Atalaya, utiliza a estas comunidades fantasmas para justificar actividades que, en realidad, se enfocan en la siembra ilegal de hoja de coca y la explotación de recursos naturales. Esto convierte a los territorios indígenas, y a los propios PIACI, en víctimas de una doble amenaza constante: la invasión de sus tierras y la exposición a la violencia que trae consigo el narcotráfico.

Si bien es cierto que el Perú cuenta con normativa internacional que protege a los PIACI, como lo es el Convenio N.º 169 de la OIT y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, se evidencia en la realidad el incumplimiento sistemático de estos compromisos. Las instituciones encargadas de la protección de los PIACI, como el Ministerio de Cultura, han identificado desde hace años las amenazas que enfrentan estos pueblos, sin embargo, hasta la fecha se han implementado medidas eficaces para detener la avanzada de actores ilegales en sus territorios siendo estos temas partes del momento coyuntural.

El MINCUL aprobó planes de contingencia para controlar actividades como la tala y el narcotráfico, pero en la práctica, estas estrategias han resultado insuficientes lo cual se evidencia en la gran cantidad de líderes indígenas asesinados o en la exorbitante cantidad de zonas deforestadas por la tala o minería informal. No existe una coordinación efectiva entre las entidades estatales ni una fiscalización robusta de las actividades económicas legales e ilegales que ocurren en la Amazonía. Como resultado, los PIACI continúan siendo ignorados, sus territorios son despojados y su existencia, como pueblos, corre un peligro real.

El narcotráfico no solo contamina el tejido social y económico del país; también está destruyendo la diversidad cultural y biológica que los PIACI han protegido durante siglos. Las comunidades indígenas en aislamiento no solo enfrentan el riesgo de enfermedades mortales, sino que sus tierras se están convirtiendo en campo de batalla de actividades ilícitas, mientras el Estado no muestra la voluntad suficiente para intervenir con firmeza.

El olvido del Estado peruano frente a los PIACI no es solo una cuestión de falta de acción, sino un grave incumplimiento de sus deberes como garante de los derechos humanos. En el contexto del narcotráfico, la permisividad del Estado no solo facilita la expansión de economías ilegales, sino que también perpetúa el ciclo de explotación y violencia sobre los territorios indígenas que se extiende más allá de las poblaciones aisladas. La creación de comunidades fantasmas, avalada por autoridades regionales, es un claro reflejo de la corrupción y la falta de transparencia que reina en los procesos de titulación de tierras.

Es imperativo que el Estado peruano asuma su responsabilidad, no solo cumpliendo con sus compromisos internacionales, sino tomando medidas decisivas para desarticular las redes del narcotráfico que operan en la Amazonía y proteger a los PIACI de las amenazas que atentan contra su supervivencia. Es hora de que el Perú rinda cuentas sobre las omisiones que han puesto en riesgo la vida de estos pueblos y adopte acciones reales que detengan la devastación de sus territorios y culturas.

La lucha de los PIACI no es solo por sus tierras, es por su existencia misma. ¿Cuántas comunidades más deberán ser destruidas antes de que el Estado actúe de manera decidida?